Chulco incluye a sicarios y narcos, y cobra 36 vidas

Desde el 2008, Guayaquil ha sido el escenario de al menos 36 muertes que han tenido como antecedente la usura, más conocida como chulco. Doce de ellas ocurrieron este 2010, según una revisión que hizo un equipo de este Diario a más de 18 mil denuncias no clasificadas presentadas en la Fiscalía del Guayas en el primer semestre.

Las víctimas han sido tanto deudores como los mismos prestamistas, que desde el año pasado libran una guerra para controlar los sectores donde distribuyen sus préstamos.

El chulco se ha convertido en una actividad rentable y alcanza la estructura de una empresa con conexiones entre provincias. En sus filas trabajan más de 500 personas. Suelen llegar en grupos de 20 a las ciudades para ofrecer dinero fácil a comerciantes informales o con pequeños negocios en barrios. Los cobros se realizan a diario y con el 20% de interés mensual. Por eso se los conoce como “prestadiarios”.

El crimen ocurrió un domingo a las nueve de la mañana. Dos de los siete hombres que habían perseguido a Fernando Anchico desde la medianoche lo mataron en los brazos de su madre, junto al estero en la cooperativa Pablo Neruda, en el Guasmo sur.

“Mi hijo herido le rogó: ¡No me mates! El asesino lo quedó mirando, no le iba a disparar, pero el otro compañero le dijo: ¡Mátalo!, porque si lo dejas vivo él te va a matar a ti”, recuerda María Vernaza, con el retrato del joven en sus manos.

Ella no se cansa de preguntar entre los amigos de su hijo si acaso él tenía alguna deuda. “No le puedo decir que no, no la tuvo, porque a veces los hijos no le cuentan a uno todo”. Lo que sí le contó Fernando, una hora antes de que lo mataran, era que lo buscaban porque había defendido a un prestamista colombiano que entregaba dinero o electrodomésticos en el sector: “Mi hijo decía: Cuando nosotros queremos comprar algo, él (chulquero) nos da y cuando va a la casa a cobrar y no hay, nos espera. Mi hijo era una persona justa. Se me llevaron una pata, hijos como ese no volveré a tener nunca”.

Fernando Anchico, de 21 años, recibió al menos cuatro tiros el 25 de enero pasado. Su muerte forma parte de una lista de al menos 36 registradas en Guayas desde el 2008 hasta octubre pasado y que tienen como antecedente los préstamos con intereses mayores al 9% anual, fijado por el Banco Central. Esta actividad, conocida como chulco, encaja en el delito de usura, castigado con prisión de seis meses a dos años y multas desde $ 16 hasta $ 311, según el Código de Procedimiento Penal vigente.

Un equipo de este Diario investigó la estadística de asesinatos mediante la revisión de más de 18 mil denuncias no clasificadas y presentadas en la Fiscalía del Guayas durante el periodo de enero a junio pasado. El conteo buscaba dimensionar las consecuencias mortales del chulco en esta provincia, donde la Policía Judicial solo reportaba hasta julio siete denuncias en la Brigada de Misceláneos.

Pese a las muertes que han ocurrido, el chulco es una actividad creciente en el país, tan rentable que actualmente alcanza la estructura de una empresa con conexiones entre provincias y que tiene trabajando en sus filas a más de 500 personas, el 85% colombiano, casi todos con estatus de refugiado.

En el país la Policía los llama prestadiarios, pero nacieron en Colombia con el nombre de cuentagotas hace 20 años. Un informe de Inteligencia Policial elaborado en septiembre pasado y al que tuvo acceso este Diario califica a estas redes de chulqueros como “grupos delictivos organizados”, por el nivel de planificación con el que se manejan y porque “usan la violencia como mecanismo de control y dominación”. Investigadores de la misma Policía advierten que cada grupo puede mover entre $ 50 mil y $ 300 mil al mes, a cambio ganan el 20% de intereses por cada préstamo.

“Funcionan con tres o más personas que se ponen de acuerdo para cometer delitos y conseguir beneficios económicos, operan de manera clandestina y jerarquizada, encubierta bajo actividades legales para conseguir impunidad y con gran capacidad de penetración e influencia corruptora en el sistema estatal”, revela el documento conjunto de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado, el Sistema de Inteligencia Antidelincuencial y la Policía Judicial.

Como demostración del nivel de organización que tienen, el teniente Cristian Pérez, de la Unidad de Misceláneos de la Policía Judicial de Pichincha, menciona a la banda de 42 chulqueros en Quito, desarticulada en junio pasado y que estaba liderada por los colombianos Germán Jaramillo Tamayo y su hijo Néstor Jaramillo Serna. Esta red manejaba al menos $ 2 millones y había distribuido unos 20 mil préstamos. La Justicia procesó a 31 y el pasado 9 de noviembre liberó a 13 detenidos argumentando “falta de evidencias”.

“Era una organización estructurada logística, económica y administrativamente”, comenta, y relata que el día del allanamiento de las viviendas de los implicados encontraron dinero hasta en el congelador, en medio de los pollos. “Metimos la mano y sacamos una funda con 4 mil dólares, ahí comenzamos a desempacar, en total encontramos en el refrigerador $ 70 mil. También había dinero en fundas de basura, como $ 3 mil”, indica el investigador Pérez.

El dinero que manejan estas redes, según los informes policiales, proviene del narcotráfico o grupos guerrilleros y paramilitares. Agentes de Inteligencia han encontrado indicios de esto en algunos operativos realizados en el país. “A un taxista quiteño le dijeron que le descontarían $ 200 de la deuda si a cambio llevaba un paquete con dos kilos de droga a Ibarra”, puntualizó Cristhian Pérez. El taxista, actualmente detenido, enfrenta cargos por tráfico de drogas.

Ex miembros de estas bandas de chulqueros, recaudadores o sicarios aseguraron que el dinero que sustenta los préstamos tiene su origen en el narcotráfico, de ahí la presión que ejercen sobre los deudores y que en ocasiones puede alcanzar la dimensión de sicariatos.

“Te dan un millón de dólares que tienes que cubrir, es una plata que no es de uno y hay que responder por esa plata. Por eso uno busca atemorizar a la gente. Las amenazas a veces se concretan y esa es la prueba de que uno no se quedó con el billete”, cuenta un sicario, que trabajó con chulqueros, sentenciado a 25 años de prisión, que los cumple en la Penitenciaría del Litoral. Un ex recaudador explicó: “Cada patrón tiene su equipo, los chulqueros lavan dinero de la droga”, y mencionó la ruta Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil para el tráfico de drogas.

Del 20% de intereses que se cobra a los deudores se descuenta el 14% para el proveedor del dinero y el 6% restante se distribuye entre los cobradores, el mantenimiento de las motos y los gastos administrativos que financian estas redes de usura.

Los chulqueros ocupan casi todos los sectores de la ciudad. Informes policiales confirman que los prestadiarios cubren todo el país, especialmente Guayas. Están en Milagro, Durán, Daule, Naranjal y otros cantones, pero fundamentalmente en Guayaquil, donde se observa a los cobradores motorizados recorriendo el suburbio oeste así como las ciudadelas del norte, Bastiones, Guasmos, Chongón.

En todos estos sitios han ocurrido muertes relacionadas con el chulco. Ahí están, por ejemplo, la de Héctor Pizarro Cambrigde, de 27 años, en febrero pasado. La Policía encontró su cuerpo a orillas del estero Salado con señales de golpes. Su esposa, quien recibió terapia psicológica, dijo que él les debía dinero a chulqueros que recorrían las calles Domingo Savio y la 18 dejando tarjetas verdes y azules con la oferta “Crédito fácil”.

En mayo, unos desconocidos mataron de dos balazos a Jorge Alejandro Aguilar Chacha, de 55 años, en una avenida de la cooperativa Hogar de Nazaret, en el norte de Guayaquil. “Tenía muchas deudas con chulqueros”, dijo su esposa, Adelia Rodríguez. En junio, Miguel Ángel Espinoza Crespín, de 26 años, murió después de que Byron Vélez Castro, a quien le debía $ 160, le disparó a quemarropa.

“Aunque sea por una deuda, nada se justifica, no es motivo para que lo maten de esa forma”, se lamenta Francisca Lasso, abuela de Miguel Ángel, a quien había criado como a un hijo.

El chulco en Guayas no solo ha dejado víctimas entre los deudores, sino también entre los mismos prestamistas, quienes desde hace un año libran una batalla por controlar los territorios en los que distribuyen sus préstamos para cobrar a diario.

Las primeras bajas se dieron en agosto del año pasado. Unos motorizados acribillaron a Donald Castro y William Nazareno mientras cobraban los intereses por los préstamos que habían entregado a moradores de la cooperativa Unión de Bananeros, del Guasmo sur. El doble crimen ocurrió a las 19:15.

Al menos ocho disparos descargaron los sicarios en la cabeza, rostro y tórax de las víctimas. Entre las evidencias se encontraron $ 184 que se habían recaudado ese día, un tazón rosado con monedas y cerca de un centenar de cartillas con datos de los clientes deudores.

Castro y Nazareno se movilizaban en un automóvil Suzuki Forsa rojo de propiedad del comerciante de mariscos Stalin Peñafiel Rosales, quien deslindó su responsabilidad y aseguró en la declaración que hizo ante el fiscal Jorge Blum que le alquilaba el vehículo a Castro para que lo trabajara como taxi.

En mayo de este año mataron a Julián Pincay Panchana, un prestamista de 45 años a quien le dispararon en cinco ocasiones cuando había salido a comprar un encebollado en la esquina de su casa, en las calles 42 y la Q, suburbio oeste de la ciudad.

Pincay, un militar retirado, vivía de los intereses que le producían los préstamos que comenzó a dar con el dinero de su liquidación de las Fuerzas Armadas. Como sus familiares aseguran que no tenía enemigos, suponen que su asesinato tiene que ver con su actividad de chulquero. “Mi hijo siempre se estaba quejando de que no le pagaban los intereses, no sé cuánto era ni cómo le pagaban”, recalca su madre, Lucía Panchana.

En abril murió a manos de sicarios Marco Giovanni Merchán Espinoza, de 37 años. Él era un prestadiario que había vendido un carro y el dinero lo había repartido para ganar los intereses. Cobraba a diario en su moto a los clientes que tenía en los mercados y negocios informales, en la zona de las calles Medardo Ángel Silva y la 29.

El día que lo mataron, salió temprano con la intención de cobrar los intereses de un préstamo y alrededor de las cuatro de la tarde llamaron a su esposa, Karina Cárdenas, para decirle que Giovanni estaba muerto en las calles Guayacanes y Mirtos, de la ciudadela Urdesa.

Yadira Alvarado, su media hermana, cree que se trata de una venganza. “Él prestaba plata, era prestamista, y usted sabe que eso trae problemas. Ese día había ido a cobrar una deuda de $ 400; dijo: Hasta el día de hoy me ven la cara”, cuenta.

Está muy convencida de esto porque cuando encontraron el cuerpo de su hermano no hallaron consigo el bolso en el que traía su celular ni las cartillas donde tenía los datos de los 25 clientes que tenía y las cantidades de dinero que le debían.

La investigación por la muerte de Giovanni no avanza porque Cárdenas tuvo temor de legalizar su firma y seguir el juicio. Tampoco quiso pedir un registro de video al programa Ojos de Águila para tener las imágenes como evidencia de la muerte de su esposo. Ella, una mujer evangélica que prefiere guardar silencio, llevaba un registro de los deudores de su esposo. Con esa base de datos ahora es su hijo menor de edad el que recorre las calles del sector en la moto que era de su padre fallecido.

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